Cada semana del año 2018 fueron asesinados tres defensores ambientales en el mundo. Un total de 164 personas fallecieron por defender sus tierras y América Latina es donde se produjeron el 51% de las muertes. En Ginebra, varios expertos se reúnen para buscar soluciones a la deforestación y desertificación de los suelos. Y, finalmente, Santiago de Chile aumenta su flota de autobuses eléctricos.
La organización Global Witness, que se dedica a hacer campañas para acabar con los abusos a los derechos humanos y al entorno, publicó su último informe sobre la situación mundial de los defensores de la tierra y el medio ambiente. Las conclusiones de ‘¿Enemigos del Estado?’ son alarmantes: en promedio, más de tres activistas fueron asesinados en 2018 cada semana por defender sus territorios. En total se documentaron 164 asesinatos, aunque la organización asegura que las cifras son solo aproximadas y es muy probable que el número de muertos sea mucho mayor.
Brasil, por primera vez desde que Global Witness empezó a registrar estos asesinatos en 2012, dejó de ser el país con más muertes, sin embargo América Latina sigue siendo la región del mundo más peligrosa para las personas defensoras: más de la mitad de estos asesinatos se dio en la región. Guatemala aumentó de tener tres defensores muertos en 2017, a dieciséis en el año 2018, lo que lo convirtió en el país más peligroso del mundo para los activistas si se tienen en cuenta los asesinatos totales per cápita.
En cuanto a los sectores responsables de estas muertes, la mayoría de los asesinatos se dio en la lucha contra proyectos de minería y las industrias extractivas. En segundo lugar está la agroindustria, luego los proyectos relacionados con el agua y las represas y, en cuarto lugar, la explotación forestal.
Según Global Witness, la impunidad generalizada hace difícil identificar a los responsables de estos asesinatos, pero pudieron vincular a las fuerzas de seguridad del Estado con 40 de los 164 asesinatos. Por primera vez se incluyeron estudios de las técnicas, leyes, políticas y campañas de desprestigio diseñadas para intimidar a los defensores ambientales y a sus comunidades.